Entrevista a Carlos Paúl Vicente, economista y Administrador Concursal de empresas
Por Leticia García Rojo.
Viñedos y Crianza del Alto Aragón, dueña de la marca Enate o de la D.O. Somontano, entró en concurso de acreedores el pasado año por la insolvencia de la inmobiliaria Nazar, propietaria de la bodega. Sky Global Solar, la empresa fabricante de paneles solares, también recibió el cuarto trimestre del año con un concurso por no poder hacer frente a las deudas y declararse en quiebra y suspensión de pagos. Así hasta un total de 180 empresas aragonesas comenzaron en 2009 un concurso público de acreedores para intentar lograr unos convenios que reduzcan la cuantía de la deuda o refinanciarla en un período prolongado de tiempo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), todos los procedimientos concursales se llevaron a cabo de forma voluntaria y, el mayor volumen de empresas, 16, no superaban los dos millones de euros de capital pasivo y sólo una de ellas superaba los diez millones. Las Comunidades con mayor número de deudores concursales han sido Cataluña y Madrid con 1413 y 878, respectivamente, frente a la Comunidad Foral de Navarra o Extremadura, que han sido las menos afectadas. Ninguna de las empresas aragonesas en concurso superaban la cifra de más de 55 empleados, por lo que las empresas de mediano y pequeño tamaño, con menos de 19 empleados han sufrido con mayor intensidad la falta de liquidez.
Para entender este procedimiento, sus características y cómo se lleva a cabo hemos hablado con D. Carlos Paúl Vicente, licenciado en Económicas por la Universidad de Zaragoza y miembro colegiado del Registro de Economistas Forenses REFOR. Socio fundador de la empresa Sienes, Sánchez y Paúl S.L., una Asesoría fiscal, laboral, tributaria y de Administradores concursales que desarrolla su actividad en Zaragoza desde hace más de 20 años.
PREGUNTA: Una de las actividades que llevan a cabo en su empresa es el concurso de acreedores, regular el reparto de pérdidas cuando una empresa o un particular no puede hacer frente a sus deudas. Con la actual coyuntura económica, ¿hay un incremento de estos procedimientos en Aragón?
RESPUESTA: Sí. Antes del 2007 la Ley Concursal, que fue aprobada en el 2003, era totalmente desconocida para los profesionales de este país. Era así porque prácticamente no había concursos. A principios del 2007, en el comienzo de la crisis, empezó a haber más, una escala progresiva de empresas que presentaban suspensiones de pagos. Quienes más lo han padecido han sido Comunidades Autónomas con más tejido industrial, Cataluña y Madrid. En Aragón hubo un crecimiento de tal manera que colapsó el Juzgado de lo Mercantil número 1 y hubo que crear otro Juzgado Mercantil Número 2 que entró en funcionamiento en 2009.
P: ¿Nos puede contar brevemente en qué consiste el concurso de acreedores?
R: La Ley Concursal se creó para algo que verdaderamente no se aplica. Su objetivo fundamental es ser un método de financiación que tiene las empresas para cuando se encuentran en una situación delicada de liquidez o su tesorería, presentar un concurso a través del cual se paralizan todos los pagos a unas fechas determinadas haciendo convenios con los acreedores, que se pueden formar a través de una quita (reducción de la deuda) o de un tiempo de espera (recibe una prórroga). Lo que le supone a la empresa es un balón de oxígeno que no se vea ahogada por unos pagos inmediatos a los que no puede responder por falta de liquidez. Esos pagos se prolongan a una serie de años para pagarlos en pequeñas dosis. Cataluña que tiene una mentalidad más empresarial lo ha aplicado más acorde con lo que se creó la ley que el resto de las comunidades. La realidad es que cuando los concursos se presentan son muy pocos los convenios que se forman y la mayoría de las empresas van a liquidación porque en ese momento la situación económica con la que se encuentra la empresa es ya una situación insostenible y muy difícil que pueda tener viabilidad.
P: Y estas situaciones de insolvencia de empresas en Aragón, fundamentalmente, ¿a qué han sido debidas?
R: Vienen provocadas inicialmente por una crisis financiera que en España se ha juntado con una crisis inmobiliaria y esto ha arrastrado a una crisis industrial. El dinero no fluye y la concesión del crédito es muy difícil. Esto ha provocado un gran desempleo que ocasiona una caída del consumo, lo cual supone una caída de las ventas en todas empresas que afecta de forma global a todos lo sectores.
P: Independientemente del sector de la construcción e inmobiliario, ¿qué otros sectores se han visto más gravemente afectados?
R: El sector del metal derivado de la industria del automóvil. El descenso de la demanda hace que haya un montón de productos que no se pueden vender. Todas las personas cuando su situación cambia lo primero que hacen es quitarse toda esa serie de productos que para ellos son innecesarios. En vez de cambiarse el coche a los seis años se lo cambia los diez, los electrodomésticos se apuran muchísimo más, el mueble aguanta muchísimo más, en el textil la gente tiene ropa suficiente par estar unos años sin comprarse nada, la restauración a la carta lo nota muchísimo…
P: En los casos de quiebra, de suspensión de pagos, ¿cuál es el procedimiento que se lleva a cabo?
R: La empresa que va a presentar el concurso tiene que cumplir una serie de requisitos: que tenga una falta de liquidez a corto plazo, que esas deudas estén con tesorería y seguridad social, fundamentalmente, que no hayan podido pedir aplazamientos y que se encuentren en una situación donde no puedan hacer frente a estas deudas.
P: La Legislación Concursal del 2003 fue modificada con carácter urgente en el 2007 con cambios en materia tributaria, financiera y concursal en pleno desarrollo de la crisis en la coyuntura económica. ¿Qué modificaciones se adoptaron y qué consecuencias tiene para los afectados?
R: El principal objetivo era abaratar los costes del concurso porque es obligatorio presentarlo a través de letrado y procurador, lo que ya le supone a la empresa unos costes importantes dependiendo del activo y del pasivo de la empresa, después el juez tiene que nombrar a un administrador concursal, que puede llegar hasta el número de tres, y éstos cobran por arancel, por un porcentaje del activo y otro del pasivo. En la ley del 2003 a partir de un millón de euros había que nombrar tres administradores concursales y era multiplicar por tres los costes. A la empresa le suponía un gran esfuerzo. Con la nueva ley para nombrar a tres administradores se debía superar la cifra de 10.000 de euros, por lo que los concursos mayoritarios que se presentan suelen ser con un único administrador. Puede ser un licenciado en Ciencias Económicas o auditor o licenciado en Derecho. Se intentó también acortar los plazos de la duración del concurso, pero en eso no se ha conseguido nada.
P: Y puesto que ustedes asesoran a nuevos emprendedores que quieren montar empresas, ¿ha habido muchos casos? ¿A qué sectores se han dedicado?
R: En épocas de crisis los emprendedores desaparecen por completo porque la gente tiene miedo a la hora de establecerse por su cuenta porque en esta crisis global el invertir en un tipo de actividad con dinero propio en un tipo de negocio que hoy es difícil sacar adelante, la gente se lo piensa. Hay otras actividades que todavía funcionan y es tener una probabilidad más pequeña de fracasar como montarse una peluquería, una panadería, donde los productos que se vendan sean totalmente necesarios.
P: Se ha hecho público un trabajo de la Fundación Everis llamado TransformaEspaña. Aconsejan reformar el sistema educativo, invertir en I+D, cambios coyunturales en la economía, revisar los servicios público, etc.¿Cuáles son las medidas más urgentes para acometer el cambio y para hacer a España más atractiva para los mercados?
R: En España no hay verdadera industria y no se ha invertido en I+D+i. siempre se ha preferido comprarlo fuera y ya hecho antes que tener que discurrirlo y fabricarlo aquí. Había un dicho en la etapa del Régimen Franquista que decía: “Nosotros, ¿para qué queremos discurrir? Que discurran los cabezas cuadradas que son los alemanes”.
Nos estamos dando cuenta que un país que no tiene una tecnología propia, no exporta. Es un país importador, por lo menos de tecnología. La educación es fundamental.
El nivel de exigencia ha bajado muchísimo. En España el crecimiento de los últimos años le ha venido bien a todo el mundo, incluyendo los Ayuntamientos que se han estado financiando con el dinero de recalificación del suelo, y las Comunidades con el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el Gobierno Central… Nadie se acordaba de que lo que necesitaba España era una economía diversificada, una industria exportadora de tecnología, empresas productivas y competitivas y es volver a hablar de lo que pasaba también hace 35 años. El problema de España es que esto siempre le ha ocurrido.
P: Bajo su punto de vista, ¿la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno era necesaria para acometer estos cambios?
R: Lo que se necesita es una reforma laboral flexible en la cual las empresas puedan adaptar sus plantillas según la situación del país. Lo que no es normal es que en las épocas de auge económico las empresas se carguen de puestos de trabajo y cuando descienden mucho las ventas el despedir a estos trabajadores les resulte imposible debido a los costes indemnizatorios tan altos. El empresario lo que hace es que si tiene una plantilla de 40 y tiene que echar a 15, para no echar a esos 15 porque no tiene dinero suficiente, al final tiene que echar a los 40 porque la empresa entra en un concurso y hace un despido colectivo y van todos a la calle. Lo que se pide es un tipo de contratación más flexible, contratos indefinidos, pero con indemnizaciones más bajas…Lo que necesita este país es una reforma laboral mucho más profunda. La realizada por José Luís Rodríguez Zapatero fue impuesta por la Comunidad Económica Europea. Ha sido una reforma laboral que para mí se ha quedado corta. Los empresarios pedían una rebaja en la carga social que tiene la empresa. De cada trabajador que cobra 1.000 euros, el empresario tiene que pagar un 36% de bruto de esa nómina a la Seguridad Social, más la retención del IRPF. A la empresa le ha costado mil euros más. A la patronal le preocupaba más abaratar los costes de la Seguridad Social que hacer un despido que fuese libre, porque eso nunca lo han pedido los empresarios.
P: Parte de las reformas aprobadas por el Ejecutivo se centran en abordar la reforma del sistema tributario. ¿En qué han consistido estas medidas y cómo influyen al contribuyente?
R: El sistema tributario ha sido gravar los impuestos indirectos, el IVA y los impuestos que afectan al alcohol y al tabaco. El impuesto más recaudatorio es el IVA, pero es también el más injusto porque el que más lo sufre es el que menos tiene. El de sociedades o el IRPF son menos recaudatorios. El de sociedades se ha abaratado muy poco y sólo para determinadas empresas. Esto no es ninguna burbuja de oxígeno para las empresas ni creará más empleo. Y el IVA el problema que tiene es que cae el consumo. Estamos viendo que con la subida de los impuestos del alcohol y el tabaco están recaudando un 4.5% menos que lo que recaudaban antes. Porque el impuesto tiene un efecto rebote. No por subir los impuestos recaudamos más porque si a la gente le cuesta mayor esfuerzo adquirir una serie de bienes la gente consume menos. Hay partidos como el PP que lo que dice es que en época de crisis lo que hay que hacer es bajar los impuestos, especialmente a las empresas capaces de generar empleo. Esto es equiparable a lo que antes se llamaba una devaluación de la moneda para que sus productos fueran más competitivos porque sus precios eran más bajos. Como ahora dependemos del Banco Central Europeo se puede jugar con los tipos impositivos, abaratar los impuestos para que los productos sena más competitivos.
P: El martes 14 de noviembre, el Heraldo de Aragón de hacía eco de unas declaraciones del economista Santiago Niño Becerra donde aseguraba que España pedirá ayudas al FMI y el Banco Central Europeo. ¿La situación es tan crítica?
En España nunca ha existido una burguesía industrial con capital suficiente para acometer inversiones en las empresas y que generasen un tejido industrial que mantuviesen una economía diversificada. El poco tejido industrial ha estado vinculado a las entidades financieras, a los bancos que, a partir del Gobierno de Felipe González con el Gobernador del Banco de España Mariano Rubio, prohibió que las entidades financieras tuviesen un grupo d empresas dentro de estas entidades, especificando que tenían que separarse los aspectos financieros y de empresa por otro lado. Obligó a que los bancos que tenían un verdadero tejido empresarial importante a que poco a poco se fueran deshaciendo de esas empresas y que se dedicasen exclusivamente al tema financiero. Ahí nos encontramos con que Bancos como Banesto, con tejido empresarial importante y saneado como Acerinox, el Banco de España las puso a la venta y se dio cuenta de que no había capital español ni empresas españolas que pudieran optar a comprar esas empresas a lo que Banesto consideraba que eran empresas bien vendidas.
P: ¿Y quién compró estas empresas?
R: Esas empresas fueron a parar a manos de capital extranjero. En España las únicas empresas grandes son Telefónica, en las industrias energéticas Iberdrola, Unión Fenosa o Endesa. Dentro de las empresas de automovilismo tenemos todas las empresas que hay en nuestro país no son empresas nacionales, sino que son en realidad delegaciones de otros países como Opel, Renault, Ford o Seat que tiene patente Fiat, la empresa italiana. Nuestro tejido industrial se compone fundamentalmente de unas PYMES, pequeñas y medianas empresas con un máximo de 40 ó 50 trabajadores que es lo que compone el 98% de los puestos de trabajo que genera la industria. Y esas PYMES trabajan fundamentalmente para la empresa grande. Se ha creado una burbuja financiera, inmobiliaria, ocasionada por el crédito fácil, los bancos siempre hacían la llamada de que el alquiler era tirar el dinero por la ventana y que por un poco más se les concedía un préstamo hipotecario a pagar en 30 años. Nos encontramos en este momento con un tejido industrial muy pobre y muy pequeño, con unas PYMES dedicadas a una construcción que se ha paralizado por completo y con unos niveles de desempleo de un 20%, cuando en cualquier país de la Unión no es más del diez.
P: ¿Serán efectivas las medidas de ajuste?
R. El verdadero problema de este país es que nos encontramos con tres millones de funcionarios porque tenemos unas instituciones totalmente dimensionadas que proceden de la época del boom. Hay ocho millones de pensionistas porque hay mayor esperanza de vida y hay cinco millones de parados, con muchos inmigrantes que llegaron por la burbuja inmobiliaria. ¿Qué político se atrevería acometer unas medidas como despedir a un millón de funcionarios o reducir el número de pensionistas haciendo que el sistema de la Seguridad Social no fuera tan perfecto?
No hay comentarios:
Publicar un comentario