La hora de la verdad

La economía española no atraviesa un buen momento y uno de los principales síntomas es la situación de las arcas públicas que presentan déficits que deben reducirse hasta el 9,3 por 100, este año, hasta el 3 por 100 en 2013
Por Leticia García y Patricia Aliaga.


“Se ha acabado el café para todos”. Con esta frase resume Amado Franco, director de la Caja de Ahorros Ibercaja, la situación actual de coyuntura económica a nivel mundial. Porque si por algo se ha caracterizado esta crisis económica, política y social es por las múltiples repercusiones que han tenido los movimientos económicos y especuladores en puntos geopolíticos muy distantes entre sí, pero conectados por las redes financieras globales.
“Ésta ha sido una crisis de decencia, lo económico aquí es lo menos importante, con lo gordo que es”, afirma Leopoldo Abadía, autor del libro “La crisis Ninja”. Para este consultor empresarial y profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) durante más de treinta y un años, “la invención” de los productos financieros con elevado riesgo y el préstamo a bajo interés a personas que no podían devolver el dinero constituyen el origen de esta crisis, agravada por quienes, conociendo de antemano la poca solidez de los bonos y la falta de liquidez de los hipotecados, no han dudado en hacer negocio obteniendo grandes ingresos a corto plazo. Para los 100 primeros empresarios y banqueros del país, a través de una carta entregada al Rey en audiencia privada el 18 de noviembre, las circunstancias actuales no son sino “el resultado de un factor exógeno que pone de manifiesto y agrava un problema de salud que ya tenía el paciente, pero que éste no estaba percibiendo ni medicando adecuadamente”. Para estos representantes de los diferentes sectores económicos españoles, cuyos análisis están recogidos en el informe elaborado por la Fundación Everis, “TransformaEspaña”, la sociedad adolece de problemas mucho más profundos que un sistema económico deficitario. La ley electoral, el sistema educativo, el sistema judicial, el modelo de Estado, entre otros aspectos, son objeto de análisis y piden al Jefe del Estado que se inicie una transformación estructural que logre devolver a España su “valor-país”, una forma sencilla y agregada de la magnitud y fortaleza de España.
El Catedrático Emérito de Economía de la Universidad Complutense De Madrid, Carlos Rodríguez Braun opina que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de los EEUU han intervenido y regulado las economías y que se está lejos de configurar un mercado libre. A este respecto afirma que “el sistema financiero tiene una capacidad inherente de crear burbujas que los bancos centrales son muy diestros a la hora de crear, pero muy torpes a la hora de impedir su estallido”.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Para entender la compleja problemática actual es necesario remontarse a los orígenes de la crisis económica. En 2001 se produjo la denominada “burbuja de las punto com”, una especulación indiscriminada con los nuevos productos que ofrecía Internet: sitios web que se compraban a un precio determinado y que en sucesivas ventas se iba incrementando el precio hasta que los precios tocaron techo, los productos perdieron valor y el mercado se desplomó. El precio de la vivienda se multiplicó por dos en EEUU en diez años y el sector inmobiliario incrementó sus beneficios exponencialmente a corto plazo. España se convirtió en el mayor productor de empleos de la eurozona, lo cual favoreció la llegada de inmigración para cubrir las demandas de mano de obra, especialmente en la construcción y las empresas satélites relacionadas con la misma.
Los tipos de interés interbancario internacionales eran muy bajos y por ello los bancos y cajas de ahorro daban a sus clientes préstamos a bajo interés y muy poco dinero por los depósitos de capital, incentivando el consumo y no el ahorro. Fue entonces cuando los bancos comenzaron a dar créditos con un mayor riesgo, porque el número de clientes iba siendo cada vez más limitado, por los que cobraban más intereses. Como relata Leopoldo Abadía en su libro sobre la crisis, ofrecieron hipotecas a personas sin ingresos fijos, sin empleo fijo, sin propiedades (NINJA, en sus siglas en ingles: no income, no job, no asets) y se las denominó “hipotecas subprime”. Como los bancos iban otorgando muchos créditos, se les iban agotando sus reservas de capital, por lo que decidieron pedir dinero prestado a otros bancos internacionales por un interés bancario bajo, el Euribor, que pensaban devolver sin dificultad en virtud de la prosperidad económica vigente. Además inventaron nuevos productos financieros, que consistían en agrupar las hipotecas prime y subprime, las de menor riesgo con aquellas con mayor riesgo de impago, con nombres diferenciados según el mayor número de las primeras o de las segundas en diferentes proporciones. Las entidades financieras crearon, a su vez, filiales llamadas conduits, que vendían estos productos tras la calificación crediticia de las Agencias de calificación de deuda que ponderaban la mayor o menor solvencia, el mayor o menor índice de pago, de estos fondos de inversión. Las calificaciones de estas empresas privadas (AAA, AA, A, BBB, etc., de mayor a menor solvencia) indicaban qué grado de confianza ofrecían estos fondos para los inversores, por lo que una calificación positiva incentivaba la compra. La calificación no era segura, pues las hipotecas se combinaban entre sí, desconociendo los receptores finales el contenido real de su inversión.
En 2007 muchas de las personas que habían contraído hipotecas con los bancos y cajas de ahorro no pudieron pagarlas, por lo que las situaciones de desahucio se sucedieron, el precio de la vivienda cayó, los paquetes hipotecarios perdieron su valor porque ningún inversor estaba dispuesto a comprarlos. Por otro lado los bancos no podían conseguir más créditos de otros bancos y, si lo hacían, era a intereses muy altos, por lo que el Euribor a doce meses se incrementó haciendo el pago de las hipotecas muy difícil para las familias de rentas medias y bajas y los bancos dejaron de dar créditos, reduciéndose el consumo e incrementándose las cifras de desempleo hasta superar la cifra de los cuatro millones en España en el primer semestre de 2010. Para el Catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llul de Barcelona, Santiago Niño-Becerra, las entidades financieras no son las causantes de la situación económica imperante: “Se han encontrado en un ‘fregado’ en el que la única forma que tenían de obtener beneficios era prestando a gente que no iba a poder pagar, que forzaba aumentos especulativos de precios de los que también se beneficiaban”.
El presidente de IberCaja y vicepresidente de la Conferencia Española de Cajas de Ahorro (CECA), Amado Franco, afirma que la responsabilidad es compartida entre personas individuales, entidades y empresas y bancos: “Durante los años precedentes han acometido opciones de gestión del gasto por encima de sus posibilidades y las entidades han flexibilizado las condiciones de dotación”.
El déficit público.
Pero, ¿en qué medida esta situación económica de crisis financiera, primero, y económica, después, ha influido en las arcas de los Gobiernos? ¿Por qué Grecia e Irlanda han tenido que pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea para evitar el colapso de sus economías? ¿Por qué el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, tuvo que aclarar que era “absolutamente falso” que exista un plan de rescate para Portugal?
Uno de los principales síntomas del mal estado de las economías estatales es la situación de sus arcas públicas. Si los gastos son mayores que los ingresos, a cualquier nivel organizacional, se produce un déficit económico. Esta divergencia entre los ingresos y los gastos en los hogares, las empresas, las Comunidades Autónomas en el caso de España u otras organizaciones territoriales, y los propios Gobiernos de los países, es lo que ha condicionado la actual coyuntura. En el caso del déficit público de España, los gastos del sector público han superado los ingresos, alcanzando cifras de déficit del 11,2 por 100 en 2010, según datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea, el Eurostat.
Las causas de este débito gubernativo son múltiples y todas ellas están interrelacionadas. Cuando la burbuja económica generada por el mercado inmobiliario en España llegó a su fin, muchas empresas constructoras, inmobiliarias, de servicios, etc., quebraron, dejando a mucha gente sin trabajo. Cataluña y Madrid presentaron en 2009, 1.413 y 878 concursos de acreedores, respectivamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), convenios con los acreedores para paralizar los pagos porque se encontraban en una situación delicada de tesorería.
Se produjo entonces una disminución de la demanda interna que los Gobiernos pretendieron contrarrestar con políticas keynesianas expansivas que incentivaran el consumo, lo cual fue incrementado el gasto público. Se aumentaron además los gastos públicos en infraestructuras, para así mantener a más gente con empleo, y a su vez, se pretendía incrementar el Producto Interior Bruto (PIB), pero si se mantiene mucho tiempo, también lo hace el déficit y la inflación. Medidas como el cheque-bebé aprobado por el Gobierno en 2007, al comienzo de la crisis, tenían como objetivo último aumentar la capacidad de consumo de las familias para así poder mantener estables las cifras económicas. Con estas acciones e recauda más por el impuesto de sociedades y el incremento de la renta de las personas físicas produce directamente aumentos en los ingresos por IRPF. Si una familia dispone de más dinero, gastará más, lo cual incrementará los beneficios de las empresas que, a su vez, mantendrán a sus empleados, que pagarán la Seguridad Social al Estado junto con los impuestos, lo cual redundará en un balance positivo para las arcas públicas. Las tasas de desempleo en España, según el último informe del Eurostat de octubre de 2010, son del 20,7 por 100, cifra que se eleva hasta el 43,2 por 100, en el caso de los menores de 25 años, frente a la media europea de paro del 9,6 por 100. Además el Gobierno ha tenido que hacer frente a unos gastos sociales entre los que se encuentran las ayudas para el desempleo, de más de 350.000 millones de euros, según las cifras de los Presupuestos Generales del Estado 2010, un 31 por 100 más que la partida destinada el año anterior.
Los Presupuestos Generales del Estado presentan anualmente las previsiones de gastos e ingresos siguiendo criterios esencialmente económicos, distribuyendo la contabilidad según organismos y centros gestores, o en función de los recursos totales dedicados a los objetivos del Gobierno: partida para la prestación social por desempleo, ayudas a la dependencia, pensiones… En estos Presupuestos se detallan los gastos corrientes de consumo y los gastos de capital, destinados a inversión, mientras que en el apartado de ingresos se clarifica qué cantidad procede de la emisión y venta de deuda pública, las cotizaciones a la Seguridad Social y qué parte corresponde a la recaudación de impuestos. Según la Revista de Economía elaborada por el Ministerio de Industria, el ICE, los gastos de los Gobiernos europeos se incrementaron en un 8,3 por 100 en 2009 con respecto al año anterior y contrasta con las tasas de variación interanual de años anteriores que alcanzaron incrementos de hasta el 2,5 por 100.
El Gobierno, cuando se ponen en marcha estos estabilizadores automáticos de la economía, como son las partidas para el desempleo, los presupuestos destinados a incentivación y fomento del empleo, la ayuda de 426 euros para parados de larga duración y sin protección… son, al mismo tiempo, un incremento del gasto público y un descenso de los ingresos.
El déficit público de la Unión Europea de los 27 se situó próximo al 7 por 100 del PIB en el 2009, la peor cifra de la última década. Según datos del Eurostat, las cifras en España para 2009 fueron aún peores, alcanzando cifras de déficit de las cuentas públicas del 11,2 % del Producto Interior Bruto (PIB). Los gastos públicos europeos significaron para el año 2009 un porcentaje del 50,7 por 100 del PIB, mientras que los ingresos eran de tan sólo el 44 por 100. Estas cifras, sin embargo, no eran alarmantes, pues los Estados para sufragar el déficit pueden “aumentar las contribuciones fiscales y reducir el gasto público, que es en la senda que va el Gobierno del Reino”, afirma Santiago Niño-Becerra. Otra forma habitual es pedir financiación privada, préstamos a los bancos para sufragar los gastos derivados de la organización administrativa, jurídica, económica y social del país. También pueden conseguir capital mediante la emisión de deuda pública, pero esto, según Niño Becerra “puede aumentar el déficit, como consecuencia de las refinanciaciones que irá haciendo el estado de la deuda ya existente y de nuevas necesidades que irán surgiendo”.
El problema de la deuda.
Según datos del Ministerio de Industria, a partir del año 2008 la deuda de los países europeos comenzó a incrementarse de una forma moderada al principio, pero de forma exponencial en los últimos meses del año. En 2009 se pasó de una deuda de 71 por 100 al 76 por 100 en un solo trimestre, lo cual se aleja de los acuerdos de convergencia del Tratado de Maastricht suscritos por los países de la zona euro, en los cuales se establecía que la deuda no superase el 60 por ciento del PIB. Grecia e Italia presentaban en 2009, según datos del Eurostat, deudas del 115, 8 por 100 y del 115, 1 por 100, respectivamente, Portugal, 76,8 por 100 y España 53 por 100 de su PIB.
Para Niño-Becerra “el problema de España no es la deuda pública, pues actualmente está alrededor del 80 por 100. El problema radica en la deuda de las empresas, que alcanza el 140 por 100 del PIB, y en la deuda de las entidades financieras, de un 110 por 100, aproximadamente.
Algunas comunidades autónomas como Cataluña han emitido deuda pública a expensas del Gobierno de España. “Emitir deuda es correcto para realizar una inversión. El problema reside en que Cataluña ha emitido deuda para financiar gasto corriente. Además Cataluña tiene que emitir deuda y, a la vez, sufre un saldo de balanza fiscal interregional de casi – 9 por 100”, asegura Niño- Becerra.
El Gobierno de España ha emitido una deuda pública de 211. 500 millones de euros brutos en 2010. El anuncio el 30 de septiembre de que la agencia privada de calificación de deuda Moody había rebajado la calificación de deuda de Aaa a Aa1 provocó una gran desconfianza de los mercados financieros internacionales ante la deuda española, causando mayores problemas para la captación de capitales. Esta situación se ha visto agravada por los rescates de Grecia e Irlanda y, las declaraciones de la Canciller alemana Ángela Mérckel apuntando a las posibles faltas de liquidez de Portugal y España, no han sentado bien en ninguno de los dos países, pues crea alarma en los mercados financieros y desincentiva la compra de activos. El presidente de la Comisión Europea se apresuró a desmentir que hubiese un plan de rescate para Portugal, pero esa misma semana los intereses que paga Portugal para refinanciar su deuda alcanzaron las peores cifras de la década, llegando al 7,5 por 100.
A comienzos del año 2000 el déficit público en los países europeos se mantenía por debajo del 3%, lo que se modificó en el año 2009, cuando subió al 6,1% hasta llegar a las cifras actuales en España, que sobrepasaron el 11,4% en la primera mitad del 2010 y que actualmente están próximos al 10 %, aunque según ha anunciado la vicepresidenta segunda y Ministra de Economía, Elena Salgado, en el encuentro del G-20 en Gyeongju (Corea del Sur), las previsiones del Gobierno son de “cifras un poco por encima del 4%”, para 2012, límite impuesto por EEUU en esta reunión.
Según la Consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Eva Almunia, en la presentación del XXIII Programa Máster Profesional en Unión Europea, en Zaragoza, sus políticas “se han basado siempre en el marco de la Unión Europea para bajar el déficit al 3%”, cifra ésta establecida en el Tratado de Maastricht como cifra tope de déficit de los países de la eurozona para 2013.
Políticas económicas gubernamentales.
Tras las políticas económicas kynesianas expansivas aplicadas por el Gobierno al comienzo de la crisis, ha empezado a aplicar políticas contractivas con aumento de impuestos y reducción de los gastos públicos. El objetivo de la política de ajuste española es la reducción del déficit al 9,3 por 100 en 2010, al 6 por 100 en 2011 y al 4, 4 por 100 en 2012, para lograr el 3 por 100 exigido para el año 2013. Según el diputado de las Cortes de Aragón por el Partido Popular en las tres últimas legislaturas, Manuel Gudea, “las medidas del Gobierno desde el comienzo de la crisis han resultado un fiasco”. “Se iniciaron con dos planes de ayuda a los municipios que no han creado un solo puesto de trabajo y han incrementado el déficit público. Después, cada quince días, el gobierno aprueba, mediante Decreto-Ley, unas medidas extraordinarias y urgentes que son rectificadas por el gobierno a los dos meses o superadas en la práctica por la situación económica”, añade Gudea.
El Gobierno aprobó el 20 de mayo un paquete de medidas extraordinarias que respondían a los intentos se control de los altos índices de déficit en España, las elevadas tasas de desempleo y al cuestionamiento del euro como una moneda estable, lo que llevó a todos los países europeos a aplicar medidas de consolidación fiscal. Leopoldo Abadía compara la economía española con una familia y expresa su desconcierto con la tardanza con la que se han llevado a cabo estas medidas: “Cuando una familia está mal administrada hay que poner remedio cuanto antes. Cuando el señor Zapatero dijo la famosa frase en el Congreso ‘he decidido hacer un plan de ajuste’ no es verdad. Le dijeron que debía hacer un plan de ajuste. Seguramente le llamaron Obama por la mañana, el Primer Ministro chino al mediodía y la señora Merckel por la tarde”.
Las medidas adoptadas por el Gobierno fueron, en un primer momento, para reducir el gasto público. Entre ellas se encontraba la reducción de un 5 por 100 de los salarios públicos aplicable desde junio de 2010. Con esta medida el Gobierno prevé ahorrar 2.300 millones de euros en 2010 y 4.500 en 2011. Se contempla también la suspensión de la revaloración de las pensiones en 2011, ahorrando con ello 1.400 millones de euros en el presupuesto de la Seguridad Social y 130 millones en las clases pasivas del Estado, aunque no afectará a las pensiones no contributivas.
Con la supresión del régimen transitorio de la jubilación parcial impone condiciones más restrictivas para la obtención de la misma, logrando un ahorro de 400 millones en los dos años sucesivos.
Las prestaciones por dependencia, una de las medidas sociales más aplaudidas en sus orígenes por la ciudadanía e incluso partidos de la oposición, perderán su carácter de retroactividad, ahorrando 300 millones con esta medida. La supresión del cheque-bebé, el recorte del gasto farmacéutico, la no disponibilidad de créditos por valor de 2.425 millones de euros, el plan de revisión del gasto 2011-2013 o la modificación de los acuerdos marco, son sólo algunas de las medidas aprobadas para la reducción del déficit público. Con la supresión del Ministerio de Vivienda y el de Igualdad se pretende, además, ahorrar recursos. Para Leopoldo Abadía, sin embargo, esta última medida carece de verdadero valor a efectos prácticos porque “los dos Ministerios se han integrado en los demás y a estas señoras les pagan como Secretarias de Estado, cobrando igual o más que cuando eran ministras”. A este paquete de medidas le siguió la reforma laboral, el incremento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 16 al 17 por 100 en el tipo general y del 7 al 8 por 100 en el reducido, y el 1 de diciembre el Presidente anunció su propósito de privatizar el 49 por 100 de AENA, permitiendo la entrada de capital privado en los aeropuertos de El Prat y Barajas. Planea privatizar el 30 por 100 del servicio estatal de loterías y apuestas, habrá 1.500 orientadores más para el asesoramiento de nuevas empresas, se suprime el Régimen de Clases Pasivas para los funcionarios, y, en febrero de 2011, las ayudas de 426 euros a los parados sin prestación. Habrá libertad para que las empresas paguen las amortizaciones como deseen hasta el 2015, se modifica la normativa de las agencias privadas de colocación y se exime del impuesto de las empresas a las Cámaras de Comercio, habrá una ampliación del primer tramo de pago a las Pymes y redefinición del concepto de pequeña empresa.
Reacciones sociales.
El 29 de septiembre de 2010 los sindicatos mayoritarios del país, UGT y CCOO convocaron una huelga general para hacer rectificar al Gobierno en sus medidas de reducción del gasto público. Otros sectores de la sociedad y partidos políticos como Izquierda Unida expresaron públicamente su descontento y acusaron al Gobierno de adoptar estas medidas para satisfacer a los mercados vulnerando los derechos de los trabajadores que con tanto esfuerzo habían ido logrando a lo largo del tiempo. Gisella Cruces, Portavoz de Educación del Sindicato CCOO en Aragón afirmaba tras conocer las medidas gubernamentales: “Para qué se quiere el Parlamento si se gobierna por Decreto”, mientras que Miguel Morte, Secretario de Acción Sindical en CCOO en Aragón afirma que es necesaria una nueva convocatoria de huelga para hacer entender al Gobierno el profundo descontento que generan en la sociedad sus decisiones. Apunta además que hay otras medidas mucho más eficaces para recaudar más dinero como el incremento de la presión fiscal sobre las rentas más altas o la supresión de las ventajas impositivas para las empresas que más beneficios presenten en las cuentas de resultados. Para el Catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda, estas medidas de ajuste “son imprescindibles” y para Niño- Becerra “la reforma laboral española, tal y como está diseñada, tan sólo tiene un objetivo: reducir los costes laborales. Eso lo va a conseguir, pero aumentar la ocupación o reducir la temporalidad, en teoría, la razón de su existencia, no”. Abadía opina que si estas medidas crean empleo “bienvenidas sean, porque las empresas privadas son las que nos sacarán de la crisis, son a las únicas que veo con optimismo y prudencia. Para atajarla hay que hacerlo trabajando”.
Amado Franco expresa que la crisis “nos ha recordado que ningún elemento puede quedar fuera de regulación. Las empresas de recalificación de deuda, los mercados, actuaban al margen de ningún mecanismo de regulación. Se trata de un punto prioritario, porque apenas se han desarrollado mecanismos para incluir a estos agentes en la regulación”.
Abadía cree que nadie sabe hasta cuándo durará esta crisis. Niño-Becerra augura indicios de recuperación para 2015, mientras que el Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez afirma que “la recuperación económica ya se está produciendo”. La presidenta del laboratorio farmacéutico Merck, Laura González-Molero, afirmó en la presentación del proyecto “TransormaEspaña” que “es imprescindible conseguir una corresponsabilidad individual y grupal para transformar el país. Hasta ahora hemos trabajado de manera aislada y hay que aprender a trabajar en equipo, de forma urgente. Hay que buscar esa nueva identidad para España que haga aumentar la competitividad del país”.
Teorías económicas y soluciones a la crisis.
España debe reducir su déficit en 9,4 puntos porcentuales en la próxima década, según el Fondo Monetario Internacional, una de las reducciones más drásticas del mundo, por lo que se plantea la difícil cuestión de elegir dónde recortar, y ahí es dónde viene el dilema. Si hay diferentes versiones para explicar de dónde viene la situación financiera española, las posturas para la solución a la reducción del déficit público no podían ser menos, y son tan variadas como las corrientes políticas y económicas del momento.
En el modelo económico liberal se da por supuesto que las autoridades, y en primer lugar las autoridades monetarias, han sido las causantes de la situación. Para estos economistas el dinero, al revés de lo que se dice, está lejísimos de configurar un mercado libre, porque está severamente intervenido y regulado por autoridades públicas llamadas bancos centrales. El sistema financiero que han orquestado tiene una capacidad inherente de crear burbujas que los bancos centrales han demostrado incapaces de controlar. Para los economistas liberales como el cofundador del Instituto Juan de Mariana de Economía, Juan Ramón Rallo, el Gobierno no está actuando bien en esta crisis, ya que lo que debería hacer es acompañar y facilitar el ajuste que es el que preparará a la economía española para la recuperación. Para el Catedrático Emérito de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Rodríguez Braun, la política económica adecuada debería de haber pasado por dos grandes ejes: la reducción del gasto público y los impuestos, y la apertura de los mercados. El Gobierno ha realizado cambios encaminados al respecto, pero de forma insuficiente para las corrientes más liberales.
Para Rodríguez Braun, los representantes del pueblo tienen la obligación de administrar el dinero de los ciudadanos de la mejor manera posible con el objetivo de proveer los bienes y servicios que puedan a la mayor parte de la población posible. Eso es lo que aseguran todos los programas de los partidos, ésas son las reglas del juego democrático y eso es a lo que responde la confianza de los pagadores de impuestos.
“El déficit público, por definición no debería existir”, afirma María Blanco, profesora de Economía de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Según esta economista es la muestra de que los gestores no han cumplido con su deber y han sido derrochadores, es decir, han gastado más de lo que podían. “Supone que los gastos de hoy los pagarán las futuras generaciones, lo que implica una injusticia generacional. Si por circunstancias hay déficit, debería emplearse los medios necesarios para que fuera mínimo. Las razones económicas son las mismas que se aplicarían al presupuesto de una familia: los recursos que podrían emplearse hoy de manera productiva se van al pago de los derroches del pasado”, continúa Blanco.
Hay quienes argumentan que así se ayuda más a los necesitados. Pero para Rallo, “la realidad es que se permite que parte de la población viva a costa de la otra parte, y muchas veces no se trata de los más necesitados, sino de los clientes electorales... de aquellos que dan su voto a cambio de privilegios, sean grupos de presión, sindicatos o empresarios...”. Esta es la opinión generalizada entre los economistas seguidores de las corrientes liberales clásicas y las austríacas, teniendo como base teorías tan diversas como las establecidas por Adam Smith o Milton Friedman. Frente a estas corrientes que aseguran que el mercado puede regularse por sí mismo sin necesidad de intervención estatal o privada, el modelo Keynesiano seguido en las políticas económicas aplicadas en buena parte de los países europeos, incluida España, defiende que la regulación del mercado precisa rectificaciones que logren compensar algunas deficiencias e injusticias del mismo para realizar una distribución más equitativa del dinero. En este modelo el equilibrio de la Economía se basa en la aplicación de medidas expansivas, incentivando el consumo con el gasto público, junto con medidas contractivas que incrementen la carga impositiva y fiscal y se reduzca el gasto público. Un modelo poco difundido en España, pero sí en otros países como EEUU es el modelo anarcocapitalista, un modelo establecido por Murray Rothbard que en su concepción pura plantea la desaparición del Estado en su totalidad, y si bien, a efectos prácticos no se puede llegar hasta el punto de conseguir esta utopía, economistas defensores de esta concepción de organización plantean una serie de argumentos para España que, según sus estimaciones, harían desaparecen el déficit público por completo, e incluso podríamos llegar a hablar de acelerar la actividad económica del país. Como primer punto se plantea la supresión del Senado, una cámara de la que carecen otros países europeos como Noruega o Dinamarca, y en el caso de Alemania, referente europeo en materia económica, sólo tiene 100 senadores. Para estos economistas se trata de una cámara innecesaria, prescindible y que, de ser eliminada, ahorraría los gastos que generan los 260 senadores, unos 3.500 millones de euros cada año, una cantidad nada despreciable. Como tampoco lo es la pensión vitalicia de todos los los diputados, senadores, y los sueldos de los alcaldes fijados bajo sus propios criterios. A nivel regional proponen que las diputaciones provinciales también podrían estar en el listado de prescindibles. Punto éste tratado por Leopoldo Abadía, ya que afirma que hay que recortar el modelo autonómico. En su opinión las autonomías se han desbordado, ocasionando una duplicidad de puesto y generando una burocracia y un gasto innecesario, algo que llevaría a la resistencia de muchos sectores de la sociedad. De no llevarse a cabo vaticinaba que acarrearía “muchos disgustos”. En esta línea de desaparición los ministerios son también objeto de análisis por los neoliberales. Para estos economistas la reducción del gasto debería concretarse en puntos específicos como la supresión de coches oficiales, ya que España tiene más que Estados Unidos; la anulación de las VISA oficiales y una importante reducción el las partidas 4, 6 y 7 de los Presupuestos Generales del Estado. Una rebaja del 30% ahorraría más de 45.000 millones de euros, ya que se quedarían sin transferencias los sindicatos, los partidos políticos y fundaciones. Muchas diferencias, aunque todas con un mismo objetivo, la reducción del déficit público. Lo que sí parece estar bastante consensuado por las diferentes posturas es que, la responsable de reflotar la situación económica del país será la sociedad civil y la economía privada. Para mejorar los niveles de déficit, analistas internacionales han apuntado a la necesidad de hacer una transformación estructural del mercado de trabajo y a una intensa modificación económica. Para los economistas más liberales se trata de liberalizar los mercados de factores para que éstos pueden recolocarse en sus usos más valiosos de la manera más rápida posible, y reducir el gasto público y los impuestos (el primero más que los segundos con el propósito de eliminar el déficit) para que la renta disponible de los agentes privados se incremente y puedan reestructurar sus balances.
Carlos Rodríguez Braun alerta que el énfasis en la reducción del déficit público tiene un importante componente de trampa política, porque si esa reducción es lo más urgente, entonces el Gobierno se siente justificado en subir los impuestos. “Después de todo, hay dos maneras de reducir el déficit: con menos gasto o con más impuestos. Si las autoridades estatales, autonómicas y municipales hubiesen apostado sólo por la reducción del gasto, habríamos salido antes y mejor de la crisis”, afirma. La situación de crisis económica, las cifras de déficit público muy por encima de las medias europeas “era totalmente previsible”, según todos los expertos consultados, sobre todo desde el estallido de la crisis americana en 2007. Fue entonces cuando el Gobierno socialista, que ya había aplicado una política fiscal expansiva desde el año 2004, “negó irresponsablemente la crisis”, apunta Manual Gudea. Para Rodríguez Braun su propósito con esta negación era “ganar las elecciones del año 2008. Con ello deberíamos haber aprendido algo, pero no parece nada claro. Es interesante constatar que muchos gobernantes que han jugado a esta demagogia (a echarle la culpa al liberalismo de la crisis) se están enfrentando con la creciente hostilidad de los ciudadanos, como se ve en varios países, desde Estados Unidos hasta España”. Para partidos como Izquierda Unida, el liberalismo es el causante de la crisis, pues ha permitido la especulación y los beneficios a corto plazo sin aplicar medidas de control alguna. Para el ex coordinador de IU, Julio Anguita, el sistema capitalista “es un proceso de decadencia sin solución” y plantea la opción de establecer en España cambios profundos en el sistema político español y el estableciminto de una República democrática “planteamos una República democrática. Y democracia es igualdad, pleno empleo…¿Eso es de izquierdas? No, es democracia consecuente”.
Niño- Becerra, por su parte, cree que “se puede evolucionar hacia una concepción más colectiva y menos individualista. De hecho pienso que el nuevo modelo irá por ahí”.
Otros de los actores que se han visto más afectados por la situación económica son los funcionarios. Unos ciudadanos que se han convertido en chivos expiatorios, como si el problema tuviese solución manteniendo todo como está, pero reduciendo el número de funcionarios. Para Rallo, “esa medida no resolvería nada porque los enormes compromisos de gasto del (mal) llamado Estado del Bienestar quedarían intactos, y con ellos, lógicamente, los impuestos”.
Manuel Pizarro, diputado por el Partido Popular hasta enero de 2010, destacaba en su reciente intervención en la convención que ADEA celebraba en Zaragoza que “la economía española necesita un ajuste”, y exponía una serie de medidas que él aplicaría. En primer lugar, una reforma financiera. “No se puede dar dinero público a los que lo han hecho mal para que puedan competir con los que si lo han hecho bien”, afirmaba el presidente de la Fundación IberCaja, que también proponía el cambio en el modelo energético, que debe ser suficiente y de calidad. “Sin un sistema de energía respetuoso con el medio ambiente y a buen precio, no se puede competir”, explicaba. Pizarro destaca la necesidad de incentivar y premiar el talento. “España ya no puede competir por precio, así que necesita de talento y que éste sea utilizado de forma eficiente en los sectores en los que más pueda aportar”. Como cuarta y quinta propuesta, el presidente del Consejo Social de UAM, ha afirmado que el país necesita de un “funcionamiento eficiente de las instituciones”, en cuestiones como la unidad de mercado o la no politización de la justicia, así como el “replanteamiento del Estado de Bienestar”, del que considera que “hay que hacer un uso inteligente y eficiente”.
La situación de las finanzas públicas europeas ha experimentado una disminución de sus ingresos debido, fundamentalmente a la disminución de los beneficios empresariales y las rentas particulares, debido a una mezcla de políticas más o menos eficientes en la gestión de política económica y factores estructurales de la economía. Los Gobiernos se ven ahora en la necesidad de recortar sustancialmente el déficit y sanear las cuentas. La cuestión que se debate es cómo hacerlo. La posición mayoritaria es que debería hacerse subiendo impuestos, y recortando el gasto. Para subir los impuestos, el Gobierno ha utilizado el argumento de que los impuestos son bajos respecto a otros países europeos. El Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana publicará un informe en breve elaborado por Juan Ramón Rallo y Ángel Martín donde contradice tales afirmaciones. Para el secretario del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, José María Mollinedo, el esfuerzo fiscal que realizan los españoles es muy alto porque los sueldos son inferiores al resto de Europa. Además subraya la conveniencia de introducir reformas en el ejercicico fiscal que gravan a las rentas más altas y a las empresas para “no cargarlas tintas contra los más débiles”. En la opinión de Ángel Martín, el énfasis debería ponerse en el gasto. “El peso del Estado es tal, que hay amplio margen para recortar, aunque esto no suele reconocerse, y es muy difícil de vender políticamente. Además, el sistema de bienestar estatal se está mostrando muy oneroso conforme la población va envejeciendo, factor importante de nuestro déficit público estructural (de largo plazo). Confiar más en la iniciativa privada para las actividades que ahora realiza el Estado, podría ser una buena opción. Por último, no debemos olvidar las necesarias reformas estructurales en materia laboral y de regulación de los mercados, factor importante para la reducción del déficit”.
El papel de los medios de comunicación
Los medios de comunicación han desempeñado un papel muy importante de difusión de la información económica para hacerla accesible a los ciudadanos. Se trata de una información muy sensible, que afecta de manera directa a la sociedad y hace que los ciudadanos tomen sus decisiones económicas basándose en buena medida en las informaciones reflejadas en los medios. Las noticias sobre la situación económica española actual no siempre han tenido en cuenta esto, ya que en lugar de ofrecer información contrastada y objetiva, dejando al margen los intereses y las opiniones, se han centrado en analizar la conveniencia o no de las medidas que el ejecutivo español ha tomado para reducir el déficit público. The Wall Street Journal equiparaba hace unos días a España con una “siesta” en un reportaje que pretendía ser una recopilación de datos económicos del país. El medio, conocido por pertenecer al magnate de los medios de comunicación, Rupert Murdoch y contar con el ex presidente José María Aznar entre sus consejeros, presentaba de una manera sensacionalista los presupuestos del 2011, ofreciendo pocos datos y muchas opiniones, criticando el fondo de rescate aprobado por la Unión Europea. Este fondo de rescate también ha sido criticado por otros medios nacionales e internacionales, como The Economist, que no cesa de criticar las medidas del gobierno sin aportar en ocasiones todos los datos necesarios para justificar estos análisis. Más recientemente el Financial Times consideraba que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “o es muy valiente o muy tonto” con la actitud que mantiene ante los ataques de los especuladores a España. De forma generalizada, los comentarios de los medios de comunicación, especialmente en medios internacionales, sobre los problemas de la deuda española son apocalípticos y no ayudan a crear expectativas positivas en los ciudadanos españoles con respecto al futuro y desincentivan la entrada de capitales. En los medios de comunicación escritos, en las radios y en las televisiones, los calificativos sobre la mala salud de la deuda pública española se multiplican, términos como “riesgo de impago, insostenibilidad, desconfianza, bajadas de rating, aumento del diferencial con el bono alemán…” son habituales en los medios.
Reacciones de los mercado internacionales
Con las medidas adoptadas por el Gobierno pretende devolver a los inversores internacionales su confianza en la solidez de la economía española, las expectativas de crecimiento del PIB, la reducción del déficit público y el bajo riesgo de la deuda pública. España genera desconfianza en algunos mercados en virtud de los datos presentados por el Eurostat sobre el déficit y la deuda pública española.
Una de las formas de medir el riesgo de un país son los CDS (credit default swaps) unos seguros contra el riesgo de impago, que en el caso de España han alcanzado máximos históricos en 2009 y 2010. El hecho de que el IBEX haya caído hasta un 7,5% en la última semana tampoco ayuda, ya que hace que los bancos vuelvan a estar en unos niveles anteriores a los de los test de estrés puestos en marcha por las entidades bancarias y cajas de ahorro con el fin de devolver la credibilidad a los inversores.
Dada la situación de incertidumbre actual, los inversores se muestran reticentes ante las inversiones y la compra de deuda de España. La situación del país se ha visto agravada por los informes y opiniones de los medios de comunicación internacionales, que auguran para España un futuro similar al de otros países como Grecia o Irlanda. Precisamente Irlanda es el país en el que algunas políticas económicas españolas se habían fijado, poniendo a este país como ejemplo de recuperación y modelo a seguir, calificándolo como “milagro irlandés” o “el tigre celta”. En España, tanto CiU como PP estuvieron de acuerdo en adoptar las medidas que parecía que estaban dando un buen resultado, casi milagroso. Lo cierto es que tras el reciente rescate, Irlanda deberá subir los impuestos y adaptarse a una nueva situación. Los políticos que se habían apoyado en esta idea ahora prefieren apostar por el modelo económico de Reino Unido, que, de momento, está dando mejores resultados.
Otros actores
La economía no es sólo un problema concerniente a políticos. Son muchos los actores implicados en la reducción del déficit público, pues la economía es un asunto que afecta a todo el país, y por tanto, cada uno debe ser consciente de su parte proporcional. Los empresarios se han puesto en marcha para intentar arreglar la situación con reuniones frecuentes de sus representantes con el Ejecutivo. La más destacada y cercana en el tiempo es la mantenida con los representantes de las 37 empresas más importantes del país. La falta de credibilidad ante los mercados fue uno de los temas que centraron la reunión, y en lo que todos coincidieron es en que no hay tiempo para buscar consensos y que hay que actuar inmediatamente. El mal funcionamiento del Estado de las autonomías también fue una queja compartida, algo que, parece que se repite también para los expertos economistas, y de ser cierto conllevaría una seria restructuración.
El Rey, tampoco ha estado ajeno a la situación y se ha reunido con la ministra de Economía, Elena Salgado, para ponerse al tanto de la situación económica del país. De la reunión se extrajo la necesidad de un cambio importante en la economía para que España ocupe un papel destacado entre los países más desarrollados y con un mayor crecimiento. El Rey mantiene habitualmente encuentros con los miembros del Ejecutivo y con los representantes del sector empresarial español. En el mes de noviembre recibió a expertos y líderes empresariales que le presentaron la declaración “TransformaEspaña”.
España atraviesa un momento delicado en sus finanzas. Los planes de ajuste iniciados por el Gobierno y los paquetes de medidas destinadas a reforzar la austeridad pública pretenden reducir el déficit del 11,2 por 100 al 3 por 100 en 2013. La idoneidad o no de estas medidas y su suficiencia será objeto de análisis en los próximos meses y en los próximos años. Reducir el déficit, aumentar las tasas de empleo, devolver la confianza a los mercados y mantener la estabilidad del euro son sólo algunos de los objetivos más acuciantes. Como reza el subtítulo del informe “TransformaEspaña” EL Gobierno, los empresarios y la sociedad civil deben ser capaces de transformar la situación actual en “un momento clave de oportunidad para construir entre todos la España admirada del futuro”. En la medida en que esto se consiga, estaremos más o menos alejados de modelar satisfactoriamente las estructuras económicas del país para lograr los índices de crecimiento y de reducción del déficit necesarios para lograr condiciones de vida más satisfactorias para los ciudadanos.